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Esta estadística ilustra el número de terminales punto de venta (TPV) que poseían los tres esquemas nacionales en España a finales de 2016, según el informe publicado por Payments Cards & Mobile. ServiRed, que incluye 101 miembros, como BBVA, Banco Sabadell y Bankia, tenía en total casi 1,15 millones de terminales de punto de venta en 2016.
Otras estadísticas sobre el tema+Servicios financierosUtilización de tarjetas de crédito en Suecia 2010-2020+Servicios financierosTarjetas de pago emitidas, ya sean de crédito o de débito, en Suecia 2000-2021+Crimen y aplicación de la leyPérdidas por fraude con tarjetas de pago en Noruega 2021, por tipo de fraude +Servicios financierosTarjetas de pago emitidas, ya sean de crédito o de débito, en Dinamarca 2000-2021
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Una carta para gobernarlos a todos
El mercado español de cédulas hipotecarias es uno de los mayores del mundo, con 218.000 millones de euros en circulación a finales de 2021. La primera ley de bonos garantizados en España, que regulaba los bonos garantizados hipotecarios, se introdujo en 1981, mientras que en 2002 España introdujo legislación para los bonos garantizados del sector público. Ambas leyes serán sustituidas en breve por la nueva ley que entrará en vigor en julio de 2022 y que incorpora la Directiva de Armonización de la UE a partir de noviembre de 2019.En la actualidad, el mercado español de bonos garantizados incluye bonos garantizados con garantía hipotecaria (“cédulas hipotecarias”; CHs), bonos garantizados con garantía de deuda del sector público (“cédulas territoriales”; CTs), y multicédulas (reempaquetado de cédulas hipotecarias).Gráfico 1Gráfico 2
La inflación de la zona euro tardará algún tiempo en estabilizarse en torno al 2%, lo que dará margen al BCE para normalizar gradualmente la política monetaria. El 24 de febrero de 2022, el BCE abrió la puerta a una normalización de la política monetaria antes de lo que había previsto en diciembre pasado. La inflación -ya elevada debido a los precios de la energía- ha seguido aumentando en los dos últimos meses (véase “El BCE abre la puerta a una subida de tipos”, publicado el 8 de febrero de 2022).
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Un interesado presentó una reclamación ante la AEPD en la que manifestaba que una empresa de créditos le estaba requiriendo el pago de una serie de deudas en nombre de una entidad bancaria sin haber contratado ningún servicio. El interesado también intentó hacer uso de su derecho de acceso ante la empresa para comprobar qué datos tenía el responsable del tratamiento sobre él, sin recibir respuesta oficial alguna.
La AEPD solicitó al responsable del tratamiento documentación acreditativa de la existencia del contrato. El responsable del tratamiento aportó el contrato con los datos personales y los datos bancarios, pero no fue capaz de aportar un contrato firmado, una copia del DNI o una grabación de la llamada telefónica en la que se realizó el contrato.
La AEPD comprobó que la cuenta bancaria utilizada a efectos de la deuda sólo había estado activa con anterioridad a la contratación de los servicios. La deuda derivada del impago se generó cinco años después de la cancelación de la cuenta.
Además, la AEPD consideró que el responsable del tratamiento había vulnerado el principio de exactitud del artículo 5.1.d) del RGPD, ya que los datos personales del interesado que estaban tratando no eran exactos y el responsable del tratamiento no actuó para solucionarlo.